Desde la crisis económica y financiera de 2008, agravada por los casos de corrupción y la deriva secesionista, España necesita un nuevo pacto nacional que refuerce los principios sobre los que se desarrolló la transición. En los últimos quince años, el intento de ruptura ha sido evidente. El PSOE y los nuevos partidos de la extrema izquierda han basado su programa en desmantelar el pacto del 78 para recuperar lo que llaman la “legitimidad republicana”, es decir, la de un régimen que se hizo contra media España.

La nueva propuesta sería una república federal con las libertades económicas restringidas para crear una clase subsidiada y una armazón de derechos como los que estamos viendo en estos meses: una ampliación teórica de las libertades que en esencia es la muerte de la discrepancia, el final de la mujer como sexo diferenciado, y la injerencia en toda actividad mercantil privada.

El ejemplo más reciente ha sido la ofensiva, obscena hasta lo pornográfico, contra Ferrovial. La gestión de ese asalto ha sido una chapuza más del ministro Bolaños, y una muestra para españoles y extranjeros, de que, en efecto, somos un país donde la seguridad jurídica hace tiempo que se perdió. Como perdimos la presunción de inocencia en leyes como la que pretende terminar con la violencia contra las mujeres. Nunca ha habido tanta violencia como en este tiempo, ni tantas violaciones y asaltos sexuales. La labor del gobierno ha pasado a ser un gran altavoz que vomita propaganda en todas las horas, por todos los medios, en especial por medios que están regados con dinero público. Para conseguir esa clase subsidiada a la que hemos aludido, la presión fiscal se ha multiplicado, y el dinero que el gobierno nos roba ya cubre los primeros siete meses del año de nuestro trabajo. El voto de este mayo, y el de diciembre, son dos oportunidades para decirles a los partidos, a todos, que nos tenemos que organizar de una forma más democrática si queremos seguir viviendo juntos.