Doy por seguro que la mayoría de los españoles ignora la maniobra ilegítima, de clara inspiración totalitaria, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado para poder controlar absolutamente también el poder judicial. Y doy por hecho que, aquellos que sí lo saben, tampoco van a mover el trasero para defender España contra esta banda de forajidos.

Cuando un pueblo se acostumbra a que lo maltraten, lo engañen, lo manipulen burdamente y, además, lo convencen para que siga votando a los mismos corruptos e inmorales que le han hecho de todo, es evidente que ese pueblo está muerto. Puede que sus ciudadanos sigan estando vivos, desde el punto de vista biológico; pero, como pueblo, está inerte, liquidado, sin vida.

Los españoles ya no sienten ni padecen porque la partitocracia los ha transformado en un pueblo facilón, pusilánime, eunuco, sin ganas y sin ánimo para nada distinto del ocio o de las vacaciones. Es ahí, cuando viene un "puente", antes de un partido de fútbol, o en una despedida de soltero, cuando únicamente se puede ver al español del siglo XXI "en cierto movimiento". O bien, levantando el trasero del sofá para ir a por otra cerveza.

Cuando el Gobierno controle también el poder judicial (de forma absoluta, porque en buena medida ya lo controlaba), tendrá bajo las suelas de los zapatos de Sánchez los tres poderes del Estado de Derecho, los que se supone que sostienen un sistema democrático. Y eso querrá decir que la posibilidad real de parar sus desvaríos criminales, sus leyes paranoicas y sus excesos totalitarios será simplemente nula.

Cuando algunos se escandalizan del golpe de Estado perpetrado por el socialista Pedro del Castillo en Perú, deben saber que la hoja de ruta de Sánchez es necesariamente la misma que estamos viendo en los países de América del Sur donde gobierna la izquierda. No queda ni rastro de democracia real en ellos. Ni rastro de derechos y libertades. Es ese el modelo que aplauden e imitan los políticos de Podemos y del PSOE, que gobiernan aquí. 

El secuestro del poder judicial, incumpliendo el artículo 159.3 de la Constitución que obliga a renovar el TC por terceras partes (es decir, 4 magistrados de entre 12..., y no 2 afines al PSOE, como va a hacer Sánchez), es ya el asalto final de este Gobierno ilegítimo al orden establecido; un intento desesperado por perpetuarse en el poder antes de que se celebren las próximas elecciones generales.