El temor a un invierno en el que España se quede sin suministro de gas procedente del exterior, o a un aumento del precio de la factura que las clases medias no puedan costear, han reabierto el debate sobre la soberanía energética, es decir, la capacidad de una nación de no depender de otros países para poder autoabastecerse de energía. Y lo cierto es que, por mucha propaganda sistémica que se quiera hacer, España dispone de recursos naturales (sobre todo, gas) para poder cubrir las necesidades de la población durante varias décadas, sin tener que estar acongojada ante la deriva de la actual coyuntura mundial, en un contexto de guerra europea.

La ley del cambio climático, aprobada por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, consagra el disparate nacional de no poder ni siquiera explorar los recursos energéticos propios, convirtiéndonos de una de las pocas naciones que se pone zancadillas y obstáculos a sí misma. Mientras, importamos energía de otros países a precio de oro, aumentando nuestra deuda, y haciendo que las compañías eléctricas especulen con el precio del mix energético, lo que afecta muy gravemente los bolsillos de la mayoría de los ciudadanos. Ya hay parte de la población española que prevé no poder calentar sus casas este invierno, porque ve inasumible pagar la abultada factura del gas y la electricidad.

La pertenencia a instituciones supranacionales, como es la Unión Europea, en ningún caso debería significar que un estado miembro tenga que renunciar a los recursos propios, cuando además suponen un abaratamiento considerable de la energía, de la que dependen no solamente los hogares, sino la actividad industrial. Además, en el caso de España, disponemos de embalses de agua y de centrales nucleares que perfectamente podrían seguir funcionando para producir electricidad a bajo coste. Sin embargo, la demagogia climática y la corrupción sistémica han cegado esas fuentes energéticas de las que disponemos, contra el criterio de la mayoría de los españoles.

Este sinsentido debe terminar cuanto antes. La democracia, también en este asunto, sufre un desgaste importante cuando las clases dirigentes atentan contra el bien común a cambio de proteger sus intereses particulares. Desgraciadamente, además, el PP comparte, con muy ligeros matices, la posición del Gobierno socialista en este asunto, porque finalmente son las grandes compañías eléctricas las que presionan para mantener el statu quo actual, que en instancias internacionales sustentan el discurso catastrofista sobre el apocalipsis climático; algo completamente alejado de la realidad, y que se basa en puras presunciones de tipo ideológico.

No se trata de "construir nuevas centrales térmicas", como de forma demagógica y tramposa planteaba recientemente Pedro Sánchez en una comparecencia en el Senado. Se trata, en primer lugar, de reabrir las centrales que nunca debieron parar. Y por otro lado, de permitir que España explore y explote sus propios recursos naturales en defensa del interés general de los ciudadanos. Si no se hace pronto, serán las clases medias las que lo exijan en las urnas cuando se convoquen las próximas elecciones.