El puente del 2 de mayo resultó ser “El puente de los espías”. Y no porque la televisión nos ofreciese la película de Spielberg en la que Tom Hanks interpreta a un abogado que cruza a Berlín Oriental para negociar un intercambio de prisioneros en plena Guerra Fría, sino porque fue el momento escogido por Pedro Sánchez para hacer uno de los ridículos más grandes de su gobierno.

En fecha festiva tan señalada —Día de la Comunidad de Madrid—, el ministro Bolaños convocó de urgencia a los periodistas a una rueda de prensa que levantó gran expectación, y que resultó ser para reconocer que nuestro gobierno sufre de graves fisuras de seguridad, ya que el teléfono del presidente y de algún ministro ha sido intervenido, no se sabe por quién, para robar información.

El espionaje entre servicios de inteligencia es algo habitual. Todas las naciones procuran manejar el máximo de información posible para tomar decisiones y evitar amenazas. Lo que no es tan frecuente es reconocer que la seguridad del estado se encuentra en manos de unos políticos incapaces de proteger la privacidad de sus comunicaciones.

Si el espionaje fue obra de Marruecos, podríamos encontrar alguna explicación en el súbito cambio de actitud de Sánchez con respecto a la soberanía del Sahara. Lo que no sabemos es si Rabat obtuvo alguna información en su teléfono que le permitiera extorsionar al presidente.

Lo que sí ha quedado claro es que ese fallo de seguridad no es culpa del CNI, que advirtió de la necesidad de revisar esos teléfonos, ni del ministerio del que depende, el de Defensa, cuya titular, Margarita Robles, fue el único miembro del gobierno que mostró dignidad y sentido de Estado suficientes para defender a nuestros servicios de inteligencia.

Nuestros agentes del CNI arriesgan su vida, y en ocasiones mueren, por proteger los intereses nacionales. Hacen un trabajo discreto y nunca salen en los telediarios. Cuando desarticulan un comando de ETA o desbaratan un atentado yihadista, no reciben medallas. Son los gobiernos los que se llevan el mérito. Y es lamentable que, cuando son los ministros o el propio presidente quienes cometen tamaño error, traten de echar las culpas a unos profesionales hacia los que no podemos más que sentir agradecimiento y reconocimiento.