Nada hay más repugnante que tener que soportar lecciones de honestidad impartidas por inmorales, corruptos, deshonestos, extorsionadores, ladrones o defraudadores.

En la política española es cosa habitual que algunos dirigentes presuman de modélica honradez —adoctrinando a los ciudadanos acerca de sus obligaciones tributarias, censurando la prostitución o acusando a otros de corrupción o de favorecer a sus próximos—, para que después sean ellos los investigados por presunta apropiación indebida, tráfico de influencias, malversación o extorsión, o veamos aflorar sus diversiones a base de señoritas de compañía, pagadas o beneficiadas con recursos públicos.

Siempre hemos temido que la Agencia Tributaria, si cae en manos de un malintencionado, pueda convertirse en una impune herramienta de extorsión, contra la que nadie puede combatir. El bufete internacional Amsterdam & Partners ha denunciado ante la OCDE que la Hacienda española mantiene “un sistema fiscal que vulnera derechos fundamentales de los contribuyentes” y habla de “presión coercitiva a los inspeccionados”, “ofrecimientos de reducción de pena si aceptan su dictamen sin recurso”, “embargos inmediatos si recurren”, y denegación de presunción de inocencia a base de señalar a “culpables por defecto”.

Y ahora vemos que ese ministro —que, con formas chulescas, amenazaba con inspecciones a diversos colectivos, como el de los periodistas que le criticaban— resulta estar imputado por, presuntamente, cobrar mordidas a cambio de no inspeccionar y llevarse comisiones por diseñar normas fiscales para beneficiar a las empresas que contrataban los servicios de su consultora.

Poco importa el partido al que pertenezcan. Con la corrupción hay que acabar de una vez por todas. Resulta indiferente que las sospechas recaigan sobre la esposa y el hermano del presidente del gobierno; Ábalos, Koldo, Santos Cerdán o el Tito Berni; el propio Pedro Sánchez respecto a su política de cesiones a los separatistas, el Sáhara, Marruecos, blanqueamiento de etarras, la reforma del Código Penal o el asalto a la judicatura; la familia de Jordi Pujol; Cristóbal Montoro; los responsables de los ERE de Andalucía; o quienes reparten subvenciones a colectivos afines.

Que los tribunales hagan caer el peso de la ley sobre los malhechores, sean quienes sean. Pero, por favor, no se burlen de nosotros con esas lecciones de moralidad.