El debate acerca de si deben o no tributar las rentas más bajas ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Desde Moncloa se argumenta, de forma demagógica, que el empeño de Pedro Sánchez es subir constantemente el Salario Mínimo Interprofesional para beneficiar a los asalariados. Pero lo que callan los corifeos socialistas es que los trabajadores apenas notarán un escaso incremento en sus nóminas, mientras que Hacienda recaudará inmensas cantidades en forma de impuestos. Además, a Pedro Sánchez le resulta muy fácil argumentar que es él quien le sube el sueldo a los empleados, cuando no son las arcas públicas las que soportan esa subida, sino los empresarios.

Parece lógico que las rentas más bajas paguen impuestos, ya que esos ingresos son rendimientos del trabajo. Pero esa afirmación se torna en engaño al convertirse esa subida del SMI en una maniobra para recaudar más impuestos.

Las que, claramente, no deberían tributar son las pensiones. A fin de cuentas, un jubilado percibe esa prestación tras haber estado cotizando durante toda su vida laboral. Se trata, por tanto, de unos ingresos por los que ya pagó impuestos.

Y lo mismo ocurre con las pensiones de viudedad, que se devengan a partir de lo que el cónyuge, ahora fallecido, estuvo cotizando en vida. De nuevo, nos encontramos con un caso de doble imposición.

Nadie discute la necesidad de pagar impuestos. Todos debemos hacerlo en función de nuestros ingresos, pero lo que es inaceptable es que éstos sean abusivos o redundantes. Y lo que es absolutamente intolerable es que un gobierno dilapide ese dinero en gastos no justificados, lo malgaste en beneficio propio, o no ponga freno al robo de fondos públicos al que asistimos cada vez que se destapa un caso de corrupción.

Ya va siendo hora de que, en las sociedades democráticas, se proceda a una estricta fiscalización de ingresos y gastos. Los ciudadanos pagamos impuestos para financiar servicios, no para que nuestro dinero lo gasten unos corruptos en burdeles y cocaína, o para que unos sectarios los destinen a gastos que, en absoluto, resultan necesarios o beneficiosos para los contribuyentes.