Imaginen un grupo de cien mil ciudadanas. A esas personas, en su mayoría mujeres, se les dice que tienen que abandonar los pisos en los que trabajan, o los locales en los que ejercen su actividad. Quien les alquile viviendas o les facilite su trabajo, serán condenados por delitos nuevos incluidos en una reforma del Código Penal.

A esas personas les vamos a decir que pueden seguir desarrollando su actividad, que nadie les va a impedir que la practiquen. Por tanto, podrán trabajar o atender a sus clientes en un descampado, en el fondo boscoso de un parque, en la ribera de un río, en una roulotte estacionada en un aparcamiento. La policía no las molestará por ejercer la prostitución en una furgoneta. Los agentes no, pero los adolescentes atolondrados que las desprecian podrán acudir a esos lugares a tirarles piedras o dar fuego a sus caravanas. Al fin y al cabo, si la sociedad las desprecia se sentirán legitimados para llevar un poco más allá esa actitud despectiva.

Ese desahucio general es lo que propone el Partido Socialista. Dicen que lo hacen para “abolir” la prostitución. En la redacción de su proposición de ley añaden una disposición única por la que declaran que todas las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas. Víctimas por decreto. Clasificadas así a pesar de que ni quieren serlo ni se consideran como tales.

No es difícil concluir que una maniobra atropellada y confusa como la que ha presentado Patxi López traerá, de aprobarse, más dolor, violencia y estigma a personas que lo que quieren, sobre todo, es que las dejen en paz, y dejen de utilizarlas para fines políticos. Hay algo perverso y cobarde en decirle a una mujer que puede seguir prostituyéndose, pero solo lo puede hacer en condiciones de inseguridad extrema, sin controles sanitarios, sin protección del estado. Y además declara víctimas a las personas a las que niega la palabra.

Han elevado a norma sagrada el consentimiento sexual de la mujer, salvo que sea utilizado para convertir un encuentro íntimo en dinero.