O mejor dicho menos gastos cuando pasemos a cobrar una pensión, que es siempre menor a los ingresos que hemos tenido durante nuestra vida laboral, ha sido tener una casa en propiedad. También pensamos en esta vivienda como una forma de herencia para nuestros hijos. Esto provoca que lleguemos a tener, si se puede, más de un piso en propiedad. En nuestro país más del 80% de la población jubilada tiene vivienda propia, y como indicamos esta cifra es muy superior al resto de países de la Unión Europea. Además tener una segunda vivienda está siendo la salvación de muchas familias en estos momentos de crisis que alquilan ese inmueble y pueden llegar a fin de mes con menos dificultades.

Pero este pequeña ayuda que tienen las familias se ve amenazada, además de por la okupación, por la “Administración” que pretende limitar el precio del alquiler. Una medida fallida en otras capitales europeas, como París y Berlín, y que es claramente Inconstitucional. Pero podemos tener esta norma en vigor de imponer el precio del alquiler hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto lo que puede tardar años incluso.

Controlar los precios de los alquileres en España es un problema que generará más problemas. Regular la economía a ese nivel crea un caldo de cultivo ideal para que las mafias aprovechen el momento y el flujo incesante y regular de “dinero legal” para realizar sus actividades. Además de los clásicos delitos contra las personas que siempre han existido en estos ambientes, como la coacción contra un inquilino, se generarán delitos más sofisticados como el blanqueo de capitales. Y a nivel usuario va a favorecer la economía sumergida, porque el precio no puede imponerlo un Gobierno, el precio se regula, como siempre, por la demanda del mercado.

En definitiva, se puede reglar el precio del alquiler por ley, pero es imposible controlar la diferencia económica entre el precio que marca la ley y el precio de mercado. Y es precisamente ese dinero, entre lo que se puede cobrar por el alquiler y lo que realmente se cobra, el que va a generar un atractivo delincuencial que afecta a propietarios y comunidades de vecinos.

Imponer el precio de los alquileres en la Comunidad de Madrid se presenta como una medida fracasada, por la experiencia en otras ciudades, con toda seguridad Inconstitucional y que favorece la delincuencia económica y fiscal.