Un dirigente que gobierna de espaldas a su pueblo, sin atender las demandas de los ciudadanos, no es un demócrata. Tampoco lo es aquél que, desde el poder, retuerce las leyes para adaptarlas a sus intereses o modifica el Código Penal para favorecer a sus aliados.

Pedro Sánchez, cómodamente instalado en la mentira y la prepotencia, más bien se asemeja a un autócrata. Mientras se arroga de una pretendida autoridad democrática para calificar de dictadura el régimen franquista, no repara en que son sus propias actitudes las que merecen el calificativo de totalitarias.

Las democracias parlamentarias suelen dotarse de mecanismos, como la separación de poderes, para garantizar el Estado de Derecho. Pero Sánchez ha demostrado ser capaz de soslayar esos controles mediante el despótico recurso de alterar las leyes, para que magistrados y funcionarios públicos se vean en la obligación de acatar sus designios.

Asociaciones de jueces y fiscales, tribunales de justicia, profesionales del derecho y la diplomacia, inspectores de Hacienda y de Trabajo, interventores del Estado, además de centenares de miles de ciudadanos anónimos que se han manifestado en las calles, han expresado su rechazo contra lo que consideran que atenta contra los principios y valores constitucionales. También destacados dirigentes socialistas han manifestado su desacuerdo ante las imposiciones de la dirección de su partido.

Hasta el propio Juan Luís Cebrián, guardián del tarro de las esencias del socialismo español, escribía hace unos días en El País que el PSOE amenaza con convertirse en una secta.

Los pactos del presidente del gobierno con delincuentes, albaceas del terrorismo, prófugos de la justicia y enemigos de la nación, para mantenerse en el poder, no pueden disfrazarse de alianzas parlamentarias legítimas. Especialmente, si esos acuerdos se concretan en concesiones que atentan contra los intereses nacionales, la seguridad jurídica, la igualdad de los ciudadanos y las bases del estado de derecho.

La convivencia entre los ciudadanos está seriamente amenazada. Pero Sánchez no escucha el clamor de la calle.