Los servicios de Inteligencia de un Estado de Derecho sirven para monitorizar a las organizaciones criminales, para practicar escuchas a aquellas personas sospechosas de la comisión de algún delito y para controlar los movimientos de los individuos que puedan estar planificando alguna actividad ilícita.

Por eso, no sería de extrañar que el Centro Nacional de Inteligencia hubiera estado controlando los movimientos de determinadas personas, algunas de las cuales han sido condenadas a penas de prisión por un delito de sedición, o que se encuentran ahora fugadas de España para eludir la acción de la Justicia.

Un grupo organizado que pretende dar un golpe de Estado contra la legalidad constitucional es un objetivo claro para los servicios de Inteligencia y, por tanto, está plenamente justificada su monitorización y la intrusión —por orden judicial— en su intimidad, para tratar de abortar sus planes delictivos. Y para ello, gobiernos y agencias pueden contar con medios, como el sistema Pegasus, que permite convertir el teléfono móvil de cualquier persona en un chivato de sus actividades, movimientos, conversaciones y mensajes.

Desconocemos si el CNI, tal como se ha publicado, espió con esos medios a diversos líderes del movimiento separatista de Cataluña. Y no podemos esperar que el gobierno nos saque de dudas, puesto que las actividades del Centro de Inteligencia se amparan bajo la protección de la Ley de Secretos Oficiales.

Pero, en caso de ser ciertas esas afirmaciones, no se trataría de espionaje a partidos políticos, sino de investigación a presuntos criminales. Esa es la única realidad, a pesar de que los activistas del separatismo en Cataluña recurran nuevamente al victimismo para presentarse como damnificados por una pretendida represión ejercida por el Estado.

En España, el ejercicio de la actividad política no está perseguido ni penalizado, mientras que la comisión de delitos sí lo está. Y perpetrar un golpe de Estado encuentra en el Código Penal tipificaciones criminales, ya sea en forma de sedición o de rebelión, castigadas con penas de cárcel.

Y los tribunales se han manifestado claramente al respecto, por mucho que el gobierno, por intereses partidistas, decidiera conceder el indulto a los sediciosos.