Deberán ser los tribunales los que determinen si hay o no culpabilidad, pero los ciudadanos no podemos dejar de estar alarmados al conocer, día tras día, la multitud de informaciones que hablan de irregularidades y presuntos delitos en el gobierno y su entorno.

Nos hablan de ministros que escogen señoritas de compañía por catálogo, les financian pisos en los que vivir gratis, les facilitan contratos en empresas públicas para que cobren sin necesidad de trabajar y organizan fiestas en paradores llevando furgonetas cargadas de prostitutas… Nos dicen que la esposa del presidente del gobierno puede haber aprovechado su posición para hacer negocios, o que el hermano del jefe del ejecutivo se beneficia de puestos públicos… Ya no se habla del Tito Berni, pero todos recordamos las sórdidas fiestas que organizaba… Tampoco olvidamos que en el escándalo de los ERE de Andalucía nos hablaban de dinero “p’asar una vaca” y fiestas de furcias y cocaína… Asistimos a la mudanza a un casoplón de Galapagar de unos políticos que prometieron no salir de Vallecas y vemos a antiguas activistas de trasnochadas revoluciones que siguen levantando el puño, pero ahora tras pasar por la peluquería y posar para el Vogue, olvidando esos tiempos en los que quemaban sujetadores…

Tenemos un gobierno que actúa con total impunidad, modificando el Código penal a su antojo, o utilizando el Tribunal Constitucional para enmendar la plana al Supremo. Y el Fiscal General del Estado, imputado, no dimite.

Y asistimos a decisiones que afectan al dinero público que sale de nuestros impuestos que, en según qué ocasiones, nos parecen un despilfarro, una malversación, un gasto innecesario o una apropiación indebida.

Ahora que estamos en plena campaña de la declaración de la renta, quizá sería interesante analizar con frialdad a dónde van a parar los abultados impuestos que pagamos. Porque el enriquecimiento de algunos va a resultar que no es cosa de magia, sino de nuestros impuestos.