El pasado día 6 fue festivo laboral en España. El motivo: el aniversario de la Constitución de 1978, actualmente puesta en cuestión no solo por los separatistas, que jamás la han respetado, sino también por la izquierda desleal. 6 de diciembre que Sánchez aprovechó para anunciar que está negociando con ERC limitar el delito de malversación. En beneficio de golpistas.

Como señaló la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaso 2023 pueda ser el año en que se escriba el último capítulo del libro que los españoles construyeron juntos, dejando atrás heridas y rencores.

La Constitución es susceptible de reforma y, al ser producto del ser humano, no es perfecta. Quién lo niega. De ella no emanan los derechos, que tenemos por el mero hecho de ser personas y que son universales y previos a la aprobación de leyes. Pero la Constitución plasmó esos derechos individuales de los que los españoles carecieron bajo la dictadura. Además, dicho texto recoge también el deseo de unidad, concordia, reconciliación y libertad de los españoles. Que es lo importante.

Contra ella, contra la Constitución refrendada mayoritariamente por los españoles en todas las regiones de la nación española, se rebeló la banda terrorista marxista ETA, que siguió defendiendo la transición por vía de ruptura. Algo que hoy ha asumido el PSOE, empeñado en abrir, como Podemos, un nuevo proceso constituyente. Con la diferencia de que los comunistas lo dicen abiertamente y el desleal PSOE pretende hacerlo por la puerta de atrás.

Hoy, el deterioro institucional es máximo. Sánchez y sus socios están colonizando todas las instituciones en las que se sustenta nuestra libertad. No es de extrañar. Socialismo y democracia, socialismo y libertad, son incompatibles. Hoy, la izquierda desleal está poniendo en riesgo la concordia entre españoles.