Veinticinco años ya de ese mes de julio de 1997 en el que ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco. Con las mejillas laceradas por esas lágrimas que le arrasaron, el cuerpo del joven concejal de Ermua fue localizado en un bosque de Lasarte, después de que, con las manos atadas a la espalda, fuera obligado a ponerse de rodillas. Por la espalda, sin mirarle a la cara, Francisco Javier García Gaztelu, alias “Txapote”, le pegó dos tiros en la cabeza.

El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue en represalia por la brillante operación de la Guardia Civil que consiguió rescatar con vida a José Antonio Ortega Lara, que pasó 532 días secuestrado por los terroristas. Su liberación fue posible gracias a la tenacidad del entonces capitán de la Benemérita Manual Sánchez Corbí que, cuando el juez Garzón daba por finalizada la operación de rastreo en una nave industrial de Mondragón sin haberle localizado, insistió en continuar el registro y mover una pesada maquinaria, bajo la que apareció el agujero de entrada al zulo. El terrorista detenido Josu Uribetxeberría Bolinaga se negó en el lugar a revelar la localización del zulo, dispuesto dejar morir de hambre al secuestrado. Ese mismo Bolinaga que, por cuestiones humanitarias debido a su estado de salud, fue excarcelado en agosto de 2012, aunque aún sobreviviría dos años y medio, tomando txiquitos por San Sebastián, hasta su fallecimiento en enero de 2015.

Los pistoleros de ETA son criminales. Y es inconcebible que Pedro Sánchez negocie con los albaceas del terrorismo, con los que brindaban con champán cada vez que ETA asesinaba a algún inocente.

Solo los dictadores legislan sobre el pasado y pretenden reescribir la historia para presentar como víctimas a quienes fueron los verdugos. No se puede blanquear el pasado criminal de ETA. La memoria de las víctimas exige recuerdo, dignidad y justicia. Jamás olvidaremos quiénes son y lo que hicieron. No podemos estrechar la mano de quienes las tienen manchadas de sangre.