En ningún país del mundo, un ministro cuya única aportación es perjudicar a los intereses nacionales puede permanecer en el consejo de gobierno. Sin embargo, en España, tenemos a un personaje, llamado Alberto Garzón, que cobra del erario público por llevar a cabo, como única misión, deteriorar nuestro entramado económico, empobrecer a nuestros ciudadanos y destruir la imagen de nuestros productos.

El titular de Consumo, cuyo único mérito para ser ministro es representar la cuota del Partido Comunista en la negociación de una coalición del gobierno del PSOE con Podemos, parece empeñado en hacerse notar con sus estrambóticas declaraciones que solo conducen a deteriorar la forma de vida de millones de españoles.

Arremetió contra el Turismo y la Hostelería, diciendo que eran sectores de escaso valor añadido. Promovió un sistema de etiquetado alimentario que consideraba más perjudicial el aceite de oliva o el jamón ibérico que las bebidas azucaradas o el ketchup industrial. Promovió una huelga de juguetes, puso en cuestión la calidad de la nata de los roscones de Reyes, y ahora pretende perjudicar al sector ganadero, diciendo que la carne española es mala y que procede de animales torturados en granjas contaminantes.

La gran incógnita es por qué el presidente del gobierno no lo ha cesado de manera fulminante. Quizá sea porque no puede. Porque si le destituye, perderá el apoyo de sus socios de Podemos que le permite permanecer en el poder. O, tal vez sea porque piensa lo mismo que él, tal como está reflejado en la Agenda 2030, aunque ahora esa evidencia perjudique a las expectativas electorales del PSOE en Castilla y León. O, a lo mejor, le conviene tener tontos útiles en su entorno hacia los que desviar la atención para que no reparemos en el grave daño que su gestión supone para España.

Sea cual sea el motivo por el que Garzón sigue en el gobierno, no dejamos de preguntarnos qué pasaría en un país como Francia si un miembro del Ejecutivo se dedicase a socavar la imagen de los vinos o los quesos galos; en Alemania, si asegurase que los coches germanos son inseguros; o en Estados Unidos, si cuestionase el modelo democrático.

Pero en España, al parecer, somos diferentes. Permitimos que un insensato juegue con nuestros intereses nacionales y nos achicharre en la parrilla de su frivolidad. Cuando el que ha quedado en carne viva, sin duda, es él.