Las imágenes son sobrecogedoras. Columnas de humo que se elevan kilométricas, cielos teñidos de naranja, autopistas vacías por las que solo circulan vehículos de emergencia, y más de 80.000 personas evacuadas. No es una estampa de una región en guerra. Es el centro de España ardiendo en pleno mes de julio.

Los incendios forestales que asolan la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo nos obligan a una reflexión que trasciende el dolor y la urgencia: ¿Están nuestras administraciones a la altura de un problema que, año tras año, se agrava? Y, sobre todo, ¿Estamos dispuestos a dejar de estorbar para que se puedan tomar las medidas necesarias?

Llevamos años escuchando hablar del cambio climático como si pronunciarlo fuera suficiente. Conferencias, informes, declaraciones institucionales. Pero cuando el fuego está a las puertas de nuestras ciudades, descubrimos que las palabras no apagan las llamas.

La ciencia ha sido clara: estamos ante un escenario de calor extremo y sequía prolongada que convierte nuestros bosques en auténticas bombas de relojería. Los datos del sistema Copernicus no dejan lugar a dudas sobre la magnitud de la catástrofe y la necesidad de actuar con urgencia . Pero la retórica climática, por sí sola, no desbroza un monte. No limpia una cuneta. No crea un cortafuegos.

Llevamos demasiado tiempo confundiendo el diagnóstico con la solución. Hablar del cambio climático se ha convertido en un sustituto de la acción. Y mientras seguimos hablando, los incendios siguen ardiendo.

La clave está en la anticipación. En la gestión forestal durante el invierno, no en la reacción desesperada del verano. La ley 43/2003 de Montes no prohíbe limpiar, recoger frutos o hacer quemas; todo lo contrario: obliga a las comunidades autónomas a elaborar planes anuales de prevención que incluyan tratamientos selvícolas obligatorios, como desbroces, eliminación de vegetación, limpieza de cortafuegos y puntos de agua.

La Comunidad de Madrid ha intentado avanzar en esta dirección. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha calificado la situación como "totalmente inédita, nunca vista", y se ha activado el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) para asumir el liderazgo operativo. Se han desplegado más de 1.200 efectivos de la UME, 1.100 agentes de la Guardia Civil y Protección Civil, y más de 20 medios aéreos, a los que se han sumado recursos internacionales de Portugal, Grecia e Italia.

Pero los esfuerzos del verano no pueden compensar la falta de preparación del invierno. La verdadera eficacia se demuestra en la limpieza de los bosques, en la planificación territorial que evita la construcción en zonas de alto riesgo, y en una financiación estable para los cuerpos de bomberos forestales.

Y aquí llegamos al punto más delicado. No podemos seguir permitiendo que el activismo ecologista se convierta en un obstáculo para las políticas de prevención. No todo vale en nombre de la defensa del medio ambiente. Hay que dejar de estorbar.

Lo que ocurre en la Comunidad de Madrid es paradigmático: se buscan soluciones anticipadas a este tipo de situaciones, pero siempre aparece alguna asociación en defensa de las cosas más absurdas que uno pueda imaginar.

El caso más reciente es el de Rascafría. En plena ola de incendios, Ecologistas en Acción pidió al Ayuntamiento que eliminara los fuegos artificiales de sus fiestas patronales, argumentando que "una simple chispa puede convertirse en un incendio de enormes proporciones" . La petición, aunque comprensible en su intención, revela una desconexión con la realidad: mientras miles de hectáreas ardían en la región, el foco se ponía en el castillo de fuegos artificiales de una fiesta local.

Los ecologistas madrileños han denunciado que el Gobierno regional "incumple de manera sistemática su obligación de garantizar la seguridad ciudadana" y que las leyes ómnibus de 2022 y 2024 han "facilitado la construcción dispersa y la implantación de negocios en monte", generando "nuevos núcleos habitados que se convierten en puntos calientes de riesgo extremo frente a incendios forestales" .

Puede que tengan razón en su diagnóstico. Pero la crítica no puede ser un fin en sí misma. Señalar el problema sin ofrecer soluciones viables, sin participar en la elaboración de estrategias efectivas, es una forma de irresponsabilidad.

La Plataforma Ecologista Madrileña ha denunciado la "opacidad" del Gobierno regional en el incendio de Tres Cantos, exigiendo un "balance oficial de daños en el monte de Viñuelas". También han protestado por los desbroces en espacios protegidos, argumentando que la vegetación "no es la responsable de los fuegos".

Pero esta posición, aunque defendible en teoría, se convierte en la práctica en un obstáculo para la acción. Cuando se cuestiona cualquier medida de prevención, cuando se judicializan decisiones técnicas, cuando se utiliza la protección ambiental como excusa para paralizar la gestión forestal, el resultado es que los montes siguen sin limpiarse y el riesgo sigue aumentando.

La emergencia de estos días ha demostrado que necesitamos una gobernanza del riesgo que integre las competencias nacionales, regionales y locales bajo un mismo paraguas estratégico. La declaración de emergencia de interés nacional, ampliada a Toledo ante el avance de las llamas, es un paso necesario. Pero también lo es la creación de un mando unificado por parte de la UME para coordinar la respuesta.

La creación del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) y el reconocimiento de que las condiciones meteorológicas eran "absolutamente difíciles" son pasos en la dirección correcta. Pero el reto es aún mayor: que la coordinación no sea solo una reacción a la emergencia, sino un engranaje permanente, engrasado y probado antes de que llegue el peligro.

Este no es el primer verano de incendios, y no será el último. Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo no son una anomalía, sino un aviso. Y no basta con hablar de cambio climático mientras se paralizan las medidas de prevención.

Es necesaria una gobernanza del riesgo que integre a todas las administraciones y que, sobre todo, cuente con el consenso social necesario para implementar las medidas que la ciencia y la experiencia nos dictan. Pero también es necesario que las asociaciones ecologistas entiendan que su papel no puede ser el de los guardianes de un dogma inmovilista.

El fuego no entiende de ideologías, ni de litigios judiciales, ni de posicionamientos estéticos. El fuego entiende de combustible, de viento y de calor. Y mientras sigamos discutiendo en lugar de actuar, mientras sigamos poniendo palos en las ruedas en lugar de desbrozar los montes, los incendios seguirán arrasando nuestros bosques y nuestras vidas.

La prevención no es una opción. Es una obligación. Y todos —administraciones, ecologistas, ciudadanos— debemos asumir nuestra responsabilidad. Con hechos, no con palabras. Con acción, no con ruido. Con sentido común, no con obstruccionismo.