Por fin, hemos descubierto de dónde procede todo ese fango que Pedro Sánchez reparte a paladas como si de chapapote se tratara, pretendiendo  convencernos de que es la máquina de la ultraderecha la que lo fabrica. En realidad, viene de ese polvo del camino que —tal como nos advirtió Cándido Conde Pumpido cuando era Fiscal General del Estado— entra en contacto con las togas de los fiscales. Así justificaba, en 2006, que determinadas decisiones jurídicas debían tomarse, no en función de lo que dice la Ley, sino de lo que resultase más conveniente.

Y ahora, dieciocho años más tarde, el mismo Conde Pumpido, convertido en presidente del Constitucional, nos muestra su capacidad de transformar ese órgano de garantía en un tribunal de casación, capaz de enmendar la plana a los jueces del Supremo, para revertir nuevamente esos polvos en estos lodos.

Dice el artículo 14 de la Constitución que ”todos somos iguales ante la Ley". Pero, lamentablemente, eso no es cierto. Si usted es un simple ciudadano, más vale que no se le ocurra retrasarse con el pago del IVA, del IRPF o de cualquier otro tributo. Si lo hace, todo el aparato del estado se pondrá en marcha para perseguirle, amenazarle y finalmente, cobrarle, sea con razón o sin ella. Pero si es usted uno de los elegidos por el establishment, no tiene de qué preocuparse. Puede involucrarse en el mayor escándalo de corrupción de la democracia —como el de los ERE de Andalucía—, desviar el dinero destinado a los parados a fiestas con cocaína y prostitutas, almacenar en casa billetes "p'asar una vaca”, o mandar al chófer, con el coche oficial, a comprar droga y bebidas para organizar un sarao. En caso de que la Justicia le condene, por malversación o cualquier otro delito, no tiene de qué preocuparse. El gobierno utilizará el TC para convertir a sus amigos condenados en víctimas de esa máquina del fango de la ultraderecha.

Tampoco tienen motivo de preocupación los golpistas, si sus votos son necesarios para el gobierno, porque se verán rápidamente beneficiados con indultos y amnistías o reformas “ad hominem” del Código Penal.

La Justicia, para merecer ese nombre, debe ser igual para todos y establecer unas garantías jurídicas que permitan identificar y condenar un delito, no en función de quién sea el autor, sino de los hechos probados al respecto.

De lo contrario, no podremos decir que vivimos en un sociedad libre, justa, igualitaria y democrática.