El presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, está muy preocupado por los últimos movimientos que se han producido en la Fiscalía, que a su entender podrían politizar los procedimientos reabiertos en la Audiencia Nacional contra los jefes de ETA que ordenaron, entre otros, el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Tras el anuncio del nombramiento de Álvaro García Ortiz como próximo fiscal general del Estado, el ministerio público ha cambiado al encargado de la acusación en el caso Miguel Ángel Blanco y ha desvelado su intención de no seguir impulsando el procedimiento.

Portero considera que en este viraje hay motivaciones políticas, pues no era el momento ni el contexto para que el nuevo fiscal responsable de la causa mostrara sus cartas. “Lo ha hecho de cara a la galería, para que lo vean los dirigentes de Bildu que están sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez”, asegura Portero, que tiene claro que "la Fiscalía debería tener criterio jurídico y no político".

El presidente de Dignidad y Justicia, en cualquier caso, anuncia que irá hasta el final con este asunto en los tribunales, porque lo importante “es lo que determinen los jueces”. “Está claro que Sánchez está maniobrando a petición de Bildu para desactivar las siete causas que magistrados diferentes están instruyendo; pero no vamos a amedrentarnos; nos respalda una sólida argumentación jurídica basada en numerosa jurisprudencia y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos firmado por España”, manifiesta el presidente de Dignidad y Justicia, que ayer observó con dolor cómo el Gobierno decidía acercar al País Vasco a Juan Antonio Olarra Guridi, el etarra que cumple condena por ordenar el asesinato de su padre, Luis Portero.