Más de una semana tardó Pedro Sánchez en levantarse de su tumbona en La Mareta para dignarse visitar algunos de los lugares afectados por los incendios que han estado arrasando gran parte de España. Unos días en los que, probablemente, esperó a que los ciudadanos protestasen contra los gobiernos autonómicos por la carencia de medios con los que combatían el fuego, y deseando que llegase la ocasión de poder pronunciar su consabida frase: “si quieren ayuda, que la pidan”.

Finalmente, cuando apareció en el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla, en Cáceres, no fue para hacer autocrítica alguna, sino para culpar, de nuevo, al cambio climático, sin reconocer, en ningún momento, que el auténtico problema de los incendios forestales radica, por una parte, en los pirómanos que los provocan de manera intencionada; y, por otra, en el abandono que sufre nuestro entorno rural por culpa, en gran medida, del gobierno que preside el propio Sánchez.

El 93 % del presupuesto forestal depende de la administración central del Estado y solo el resto de las Comunidades Autónomas.

Desde 2018, año en que se inició el mandato de Pedro Sánchez, la reducción de esa partida ha sido del 48 %, de 225 a 115 millones. Pero, lo peor, ha sido la nueva religión “neoecologista” que prohíbe recoger leña, llevarse piñas o retirar pinaza para usos particulares, argumentando que eso es privar a los bosques de su sustrato natural. Y para colmo, los rebaños ganaderos —auténticos bomberos del campo— ya no pastan libremente como antes. Su presencia garantizaba unos entornos naturales limpios de combustible vegetal, minimizando la magnitud de los incendios.

Todos los veranos, cuando vemos arder miles de hectáreas de nuestros bosques, nos hacemos la misma reflexión: por qué no somos capaces de hacer los deberes en invierno, manteniendo limpios esos entornos, lo cual requeriría una inversión muy inferior a la que supone el despliegue de medios necesarios para apagarlos.

Se calcula que el coste de extinción es de un euro por metro cuadrado —cuando se cuenta con medios aéreos—, por lo que se deduce que las 400.000 hectáreas que se han visto arrasadas, por el momento, nos han costado cuatro millones de euros, sin contar el incalculable daño que suponen las pérdidas humanas, emocionales, materiales y de recuperación posterior.

Frente a eso, sabemos que cada euro que se invierte en prevención supone una reducción de 100 euros en la factura de extinción. Un simple cálculo nos permite comprobar que es mucho más barato prevenir que apagar. Y, además, se salvan vidas, hogares, recuerdos y se evitan muchos sufrimientos y riesgos, además de preservar el entorno natural.

Tenemos un gobierno que presume de ser ecologista, pero nos demuestra con sus acciones que castiga al medio rural y es, por tanto, responsable en parte de esos pavorosos fuegos. Y encima, tenemos que soportar a un Pedro Sánchez que comparece públicamente ante las cámaras —pero sin público ciudadano para evitar nuevas huidas como la de Paiporta— para darnos lecciones acerca del cambio climático. Con eso, lo único que hace es avivar las llamas del descontento social hacia su gestión y despertar la animadversión de quienes sufren su soberbia. Tal vez algún día esa arrogancia sea el combustible democrático que le haga arder en la hoguera alimentada por sus propias vanidades.