El Gobierno municipal de Navalcarnero ha dado un paso más por regularizar la caótica situación que se encontró a su llegada al Gobierno en junio de 2015. A pesar de las especiales dificultades de las arcas municipales, en lo que a liquidez respecta, el Gobierno, a través de su Concejalía de Hacienda, lleva ya 8 años intentando regularizar una contabilidad que estaba falseada, con pasivos ocultos y facturas en cajones, desvirtuando las cuentas públicas a través de una ingeniería financiera que quería dar apariencia de normalidad.

Apenas existen datos del período medio de pago a proveedores (PMP) durante los Gobiernos municipales del PP, porque se incumplía la obligación legal de remitir al Ministerio de Hacienda los informes trimestrales.

En el primer trimestre de 2015, según datos de PMP enviados por el Ayuntamiento de Navalcarnero al Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento tardaba una media de 142 días en pagar a sus proveedores, cuestión ésta que distaba mucho de la realidad existente, en tanto que el Ayuntamiento no computaba numerosas facturas guardadas en cajones, que llegaron a alcanzar la cifra de 60 millones de euros.

De hecho, la propia Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización del Ayuntamiento de Navalcarnero, ejercicios 2007 y 2008, certifica que “en 2015, el número de días de período medio del pendiente de pago se eleva a 1.052 días -es decir, casi 3 años en pagar las facturas a los proveedores-, estando fuera del período legal de pago un total de 46.542.321 euros”.

No obstante, el Gobierno de Navalcarnero desde junio de 2015 ha regularizado la totalidad de facturas ocultas, lo que implicó, irremediablemente, subir el período medio de pago hasta los 674 días (tercer trimestre de 2017), para ir reduciéndolo progresivamente hasta los 79 días (primer trimestre de 2022), y hasta los 45 días (cuarto trimestre de 2022) que marca el informe de PMP enviado al Ministerio de Hacienda, y que se convierte en la cifra más baja desde 2007 y desde que, en el año 2010, el Ministerio de Economía y Hacienda determinara la obligatoriedad para las Corporaciones Locales de elaborar y remitir los informes trimestrales sobre morosidad y PMP.