La política es una actividad muchas veces desagradable y casi siempre desagradecida. Produce sinsabores, momentos de gran tensión y enormes decepciones personales. Pero también es una actividad noble, extraordinariamente útil, llena de vocaciones altruistas, e imprescindible para una sociedad democrática.

En los casi dos años y medio de gobierno de Isabel Díaz Ayuso, hemos vivido algunos de estos momentos desagradables, con la izquierda obsesionada en utilizar a la justicia para atacar la honorabilidad de la presidenta regional. Sin ningún éxito, por cierto. Los tribunales han ido archivando todas y cada una de las diecisiete denuncias y querellas con las que socialistas y comunistas ha pretendido poner en duda la rectitud de Isabel Díaz Ayuso, su gobierno, o incluso su familia.

Lamentablemente, el último de esos ataques a su honor no ha venido por parte de la izquierda, y además, ha sido especialmente sucio, injusto, torpe y políticamente incomprensible. Intentar contratar detectives para conseguir ilegalmente información de familiares, lanzar públicamente gravísimas acusaciones e insinuaciones, y perseverar en el error durante días, ha sumido al Partido Popular en una grave crisis de la que saldremos dando voz a los afiliados en un Congreso extraordinario y urgente.

Es curioso que los movimientos para evitar un relevo en la Dirección Regional del partido vayan finalmente a provocar el cambio en la Dirección Nacional.

En cualquier caso, lo realmente importante ahora es restaurar el honor que se quiso dañar con estas malas artes. La presidenta y parte de su gobierno salieron a dar todas las explicaciones posibles (incluidas las que no les correspondían), con datos y documentos. El contrato que algunos ponían en duda pasó los controles de los empleados públicos, de la Intervención General, e incluso fue analizado con detalle por la Cámara de Cuentas sin que nadie pudiese poner un solo reparo. Ni el hermano había contratado con la administración, ni había cobrado las cantidades que se decían, ni hubo nada ni siquiera levemente irregular.

Y una vez dadas las explicaciones, y sin caso entre manos, procede que se reconozca el error, se dé marcha atrás y se pida perdón. Porque el honor es importante. Y ya hemos visto en los últimos años demasiados casos de personas injustamente atacadas, defenestradas, casi olvidadas, y que cuando sus asuntos han sido archivados nadie ha sido capaz de devolverles el lugar que ocupaban. Ya está bien.

No caigamos en el error de invertir la carga de la prueba, ni permitamos que la sombra de la duda planee sobre un gobierno que durante la pandemia estuvo absolutamente centrado en hacer lo mejor para los madrileños, incluyendo la construcción de un gran hospital como el Isabel Zendal, la compra de mascarillas y otro material de protección, y la adquisición de respiradores cuando había una guerra encarnizada por estos productos en todo el mundo. Que no haya dudas: todo se hizo con la urgencia que se requería, pero con el rigor y el procedimiento que exige la ley.