El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la celebración del nuevo Acuerdo Marco que fija las condiciones de contratación de plazas concertadas en residencias de mayores de la región, lo que supone un paso más en el nuevo modelo de atención social centrado en la persona que está impulsando el Gobierno autonómico y que permitirá la contratación de un total de 8.839 plazas.

Se celebra por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios para las plazas mencionadas en las modalidades de financiación total (5.359) y parcial (3.490) durante los próximos cuatro años. La inversión total asciende a 854.286.503 euros, lo que se traduce en 191 millones más que el anterior acuerdo marco. Ahora se continuará con el proceso de licitación, tras el que se abrirá el ofrecimiento de plazas para realizar los nuevos contratos derivados.

El nuevo texto, que sustituirá al vigente desde 2017, establece las características (régimen económico, criterios de adjudicación, prescripciones técnicas…) de los contratos derivados que licita el Gobierno regional para la contratación de estas plazas, cuyo precio se incrementa un 37,4%, al pasar de 54,51 euros diarios actuales a 74,88 euros.

Este incremento diario más por plaza va a permitir aumentar en cinco puntos el ratio de personal de atención directa de los centros, en el que se incluyen médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales o psicólogos. El nuevo acuerdo marco eleva además la ratio para la suma de todos los profesionales encargados de la limpieza, cocina y mantenimiento.

Otra de las grandes novedades del nuevo Acuerdo Marco tiene que ver con los criterios de adjudicación de los contratos, ya que por primera vez los aspectos relacionados con la calidad en la atención tendrán más peso que la oferta económica de los licitadores. La puesta en marcha de talleres innovadores de terapia, la contratación de mayor número de fisioterapeutas o animadores socioculturales, la existencia de planes de formación continuada para todos los trabajadores, la mejora de sus condiciones salariales, la disponibilidad de mayor número de habitaciones individuales o la instalación de tecnología preventiva son algunos de estos aspectos que primaran.

El actual pliego introduce por primera vez criterios homogéneos para la evaluación de la calidad de alimentación de los centros. Además, con el objetivo de incrementar las garantías de buen servicio a los usuarios, el nuevo texto endurece el régimen de penalizaciones ante posibles incumplimientos –por ejemplo, los problemas de limpieza en habitaciones, ropa y demás espacios pasan a ser consideradas faltas graves en vez de leves-, y amplía los supuestos que permiten a la Administración rescindir los contratos con los adjudicatarios.