La Comunidad de Madrid va a dotar a lo largo de este año con 4.000 ordenadores portátiles a los funcionarios y personal estatutario de la Administración de Justicia madrileña como medida para seguir desarrollando la implantación del puesto de trabajo en remoto y avanzar en la digitalización del sector público en nuestra región.

Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto de 3.028.222 euros en concepto de incremento presupuestario de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Esta cuantía procede de los fondos que la Comisión Europea transfiere a los estados miembros de la UE para poner en marcha diferentes proyectos, entre ellos, los del ámbito de la transición digital. Se trata de la primera inversión que realizará la Comunidad de Madrid con esta inyección presupuestaria procedente del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, uno de los pilares sobre los que se articula el programa Next Generation de la UE.

Madrid Digital es la entidad encargada de la prestación de servicios informáticos y de comunicaciones en la Comunidad de Madrid. Además, se encarga de la adquisición y dotación de las infraestructuras físicas y lógicas de soporte de los sistemas de información, así como del desarrollo de aplicaciones informáticas. Actualmente, el Gobierno regional trabaja, a través de la Agencia, en la consolidación del puesto de trabajo digital, proporcionando los equipos y las herramientas colaborativas necesarias para que los empleados públicos desarrollen sus funciones desde la oficina física o desde cualquier otro lugar. Así, 2021 se cerrará en la Administración madrileña con más de 300.000 usuarios de videoconferencia y teletrabajo, tres veces más de los que existían al comienzo de la pandemia.

Durante la crisis del COVID-19, más del 70% de los empleados públicos pudo seguir trabajando gracias a los 86.000 dispositivos, principalmente portátiles, facilitados por Madrid Digital. Así, se alcanzó la cifra de las más de 1.100 videoconferencias al día, ante la imposibilidad de mantener reuniones presenciales, y se tramitaron 443.000 expedientes electrónicos, lo que supone un incremento cercano al 70% en relación al año anterior a la pandemia.