Sánchez nos quiere pobres.

Ya sé que había mil formas de empezar un artículo, pero creo que la frase anterior es la que mejor resume el preámbulo de cada una de las decisiones –sobre todo de índole económico– que adopta su gobierno socialcomunista.

Las noticias nos dicen que el último sablazo es el del tasazo de Sánchez, y por si el lector no sabe de qué le estoy escribiendo, lo resumo en pocas líneas.

El punto de partida fue la Directiva 2008/98/CE que fijó una serie de objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales y obligó a los Estados miembros a tomar diferentes medidas, enumerando distintos instrumentos económicos, entre los que se encuentran las tasas y los sistemas de pago por generación de residuos. Dicen los socialistas que el Partido Popular Europeo lo aprobó, y es cierto, porque somos conscientes de que el mundo tiene un problema con la generación de residuos. No hay que ser ingenuos, nuestra sociedad del siglo XXI se ha convertido en una creciente generadora de residuos. Los humanos tenemos un problema, sí, pero existen muchas formas de afrontar este desafío colectivo.

La directiva europea sobre residuos no se ha concebido para obligar a imponer una tasa específica, ni al Gobierno español ni a ningún gobierno de los demás Estados miembros.

Así, la directiva europea, en su artículo 8, recomienda, por ejemplo, que los productores de residuos establezcan medidas para la recuperación y reutilización de estos. Basta hacer una visita a Alemania para ver que la reutilización de las botellas de vidrio en los supermercados –por las que se paga al usuario cuando las devuelve– forma parte de su vida cotidiana; lo mismo sucede con la reutilización de las latas de refresco, que también proporcionan un reintegro económico a quien las retorna a uno de los miles de puntos de reciclaje.

¿Podría España haber ejecutado desde el gobierno central este tipo de iniciativas? Sí, claramente. Pero ello conlleva un esfuerzo de gestión que son incapaces de hacer.

El artículo 16.1 de la citada directiva europea dice que “los Estados miembros tomarán las medidas oportunas (…) para establecer una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación de residuos y de instalaciones para la valorización de residuos municipales mezclados recogidos de hogares privados”, es decir, que los Estados pongan en marcha “plantas de tratamiento” para separar y reutilizar los residuos, incluidos los residuos orgánicos, y eliminen el resto.

También pide la directiva que los Estados realicen un Plan de Gestión de residuos propio que distinga entre zonas rurales y urbanas, así como programas de prevención de residuos.

¿Y que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez? Pues ha aprobado una ley, la Ley 7/2022 que hace recaer la gestión de los residuos en los municipios –tanto en los grandes, como en esos chiquititos de la España despoblada sin medios ni recursos suficientes–, obligándoles, además, a cobrar una tasa a todos los vecinos, sin excepción.

En su afán colonizador del Estado, Sánchez no ha reparado en boicotear la autonomía local, y ha irrumpido en la sala de mando de 8.132 ayuntamientos para seguir incrementando la presión fiscal sobre los españoles y, de paso, sembrar el caos jurídico.

Al atraco hay que sumarle la chapuza legal – un dos por uno cortesía de Moncloa– que no ha tardado en suscitar el rechazo de los expertos, como es lógico. La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local ha denunciado que la regulación es “escasa e ineficiente” y provocará más incertidumbre en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes, o la aplicación del pago por generación. Hablan, además, de un “claro ejercicio de desconocimiento de la realidad tributaria local” por parte del legislador, y prevén una oleada de litigios por los juzgados de todo España.

Inseguridad jurídica, conflictividad y, además, nula voluntad de diálogo. Hasta en veintidós ocasiones la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias ha solicitado reunirse con el Gobierno de España para abordar este problema y hablar de la financiación de las entidades locales, sin recibir ninguna respuesta clara. Fuera del concierto independista, el gobierno ha levantado un muro genuinamente sanchista con relación a las administraciones que no controla. Así se explica que cuando la Federación de Municipios de Madrid ha llamado a la puerta del Ministerio de Transición Ecológica buscando colaboración, haya recibido silencio o –¡eso sí!–  la exigencia en tromba de varios alcaldes socialistas de arreglar esta chapuza y asumir la labor de homogeneizar la aplicación legal de la tasa, al margen de las singularidades de cada municipio.

¿Debía el Gobierno asumir esta directiva europea? Claro que sí, como lo han hecho el resto de Estados miembros. Estados que, a diferencia del Gobierno de España, no sólo liberan a los municipios pequeños de recaudar esta tasa, sino que, además, ponen los medios necesarios para facilitar a sus ciudadanos una mayor implicación en la reutilización, reducción, y reciclaje de los residuos.

España podría haber recibido ya 175.000 millones de euros de los Fondos Europeos, pero, una vez más, arrastramos los pies por detrás de países como Portugal, Francia, Eslovenia o Hungría, quienes han gestionado ya la totalidad de sus fondos.

Con esos 175.000 millones de euros podríamos haber dotado a toda España de plantas de tratamientos de residuos –cuyo coste es difícilmente asumible por las entidades locales–; vehículos de recogida separada; o puntos limpios (para colchones, aceites, etc.) que les cuestan un riñón y medio a todos los alcaldes. En definitiva, una oportunidad perdida para proporcionar a los ciudadanos españoles las herramientas que sí disfrutan en países con una auténtica política de sostenibilidad.

Desde que llegó al gobierno, Pedro Sánchez ha propinado 81 hachazos fiscales a los españoles, con un coste de 41.000 millones de euros para nuestros bolsillos, y acaba de anunciar que prepara nuevas subidas de impuestos, con las que prevé sustraernos 60.000 millones más. Además, ahora obliga por ley –sin que Europa se lo pida– a que los más de 8.000 ayuntamientos te cobren, a propósito de los residuos, un nuevo tasazo que te hará más pobre. Porque no olvides que Sánchez te quiere pobre.