Vivimos un coletazo más del acto de desesperación más grande que un dirigente ha hecho para mantenerse agarrado al poder. Sánchez está dispuesto a aceptar un enésimo chantaje independentista, otro más, sin escrúpulos ni pudor.

Esta nueva cesión pretende romper con una distribución que ha conseguido durante toda la democracia, conservar una España fuerte que avanza a la misma velocidad en todas las Comunidades Autónomas. Una solidaridad que hacía tener oportunidades similares a los españoles independientemente de dónde vivieran, dotando de más presupuesto para servicios sanitarios, educativos o de infraestructuras a aquellos españoles donde su Comunidad Autónoma recibía menos ingresos directos. Esto hacía PAÍS, y sin esto vamos a crear guetos que, sin duda, es lo que siempre han peleado por conseguir los independentistas y que este gobierno ha vendido por mantenerse en el sillón. Otra más.

Con esta cesión, Sánchez pretende ofrecer al gobierno catalán recaudar y quedarse para sus embajadas y locuras imperialistas el 100% de los impuestos, lo que supondrá unos ingresos de 52.000 millones, el doble de lo que reciben actualmente, quitándole 25.000 millones a extremeños, castellanos, andaluces o canarios. Todo un despropósito en una comunidad autónoma que además es la que más castiga a sus ciudadanos con una alta carga impositiva con quince impuestos propios, siendo actualmente la región con la mayor cantidad de impuestos de toda España.

Esta medida fiscal se trata de un eufemismo diseñado para tapar las vergüenzas corruptas de los independentistas. Un mercadeo persa en toda regla. Una medida que implica cederles el control de los recursos públicos al gobierno catalán, dándoles así “la llave de la caja”. El trueque consiste en que Sánchez conserve su poder pero que el despilfarro y los chiringuitos sean financiados por el resto de los españoles. Esto es una compra de votos. Esto es corrupción.

En definitiva, nuevamente, sin el más mínimo reparo, Sánchez pretende retorcer las costuras de nuestro Estado de Derecho. Tira por el sumidero la fórmula descentralizada que la Constitución de 1978 adoptó para preservar los principios de unidad, autonomía y solidaridad que rigen la indisoluble unidad de la Nación española. Y, todo, únicamente, para mantenerse en el poder. El resto, no le importa.

El presidente del Gobierno, después de aquel cambio de colchón en Moncloa, puso en su mesilla de noche dos libros, referentes en su vida diaria:  Manual de resistencia y ¡Que viene el lobo!, con el primero, se aferra a su mentira, impávido. Y con el segundo, intenta sembrar el miedo y odio entre los españoles con la versión de la ultraderecha fake.

Esta forma de gobernar nos conduce a una situación muy preocupante donde la polarización en España no ha dejado de crecer con la construcción del muro que Sánchez ha establecido en la sociedad española recogiendo el legado de su maestro Zapatero.

Las políticas de Sánchez nos conducen a la ruina. Al colapso. Y la reflexión es sencilla: Si aceptamos que el Estado es responsable de la deuda que no ha causado, ¿Por qué debería haber restricciones en la gestión de los recursos públicos por parte de cualquier representante público? Y, ¿Por qué una comunidad autónoma que ha despilfarrado sus recursos debería ser rescatada con el dinero de todos los españoles?

El socialismo promueve la desigualdad. Y así lo demuestra la historia. A principios del siglo XX, países como Venezuela y Argentina, países que generaban riqueza y bienestar entre su población, sucumbieron al fracaso de las políticas desastrosas socialistas. El socialismo es sinónimo de miseria y corrupción.

Y Pedro Sánchez ha comenzado esta misma andadura. Los ejemplos son evidentes: la utilización de la Fiscalía General del Estado para perseguir y filtrar datos de ciudadanos anónimos. Incluso la abstención del PSOE en el Parlamento de Navarra en relación con la declaración institucional, que simplemente proponía reconocer el papel innegable que la monarquía ha tenido desde la Transición hasta nuestros días. Y así podríamos escribir un sinfín de episodios.

El PSOE ha dejado de ser un partido constitucionalista. Este gobierno nada tiene que ver con la época en la que, por ejemplo, gobernó Felipe González que, son sus luces y sus sombras, sí fue un partido que defendió la Constitución y preservó las estructuras de nuestro Estado de Derecho.

Locke dijo que donde termina la ley, empieza la tiranía. Por eso, querido lector, siempre debemos recordar que las democracias también mueren. No permitamos que destrocen nuestro sistema democrático. Tenemos la obligación moral y constitucional de preservar la integridad de nuestras instituciones si queremos que la igualdad y libertad sean las garantes de nuestro futuro.