Máxima responsabilidad en el respeto y cumplimiento de lo recogido en la ordenanza municipal reguladora de la protección y tenencia de animales y la garantía de un comportamiento cívico que vaya en favor de la seguridad de todos y reste cualquier tipo de riesgo. El Ayuntamiento de Valdemorillo trabaja ya para hacer efectivos estos objetivos con la campaña de control de perros potencialmente peligrosos.

De carácter marcadamente informativo, se está llevando a cabo directamente por parte de la Policía Local, que en estos días implementa sus habituales labores de vigilancia, control y supervisión para velar por el cumplimiento de la normativa, procediendo los agentes a la revisión de documentación y demás comprobaciones.

Este operativo policial desarrolla así la iniciativa destinada a facilitar un mayor conocimiento, especialmente por parte de los propietarios de estos canes y demás personas que interactúan con los mismos, tanto de las obligaciones como de las infracciones en las que puede incurrirse por el incumplimiento de lo recogido por la normativa vigente.

De hecho, las concejalías de Seguridad y Medio Ambiente han trabajado conjuntamente en el diseño de la citada campaña, dando a conocer así las medidas a tener muy en cuenta por dueños y cuidadores de ejemplares de las razas consideradas potencialmente peligrosas, en concreto: Pit Bull Terrier, Staffordshire, Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu, así como todos sus cruces.

En este sentido, desde el Consistorio se incide en destacar la obligación de todo propietario de identificar a su perro mediate mircochip, darlo de alta en el Registro Municipal y contar con la licencia de tenencia en vigor, recordando que ésta ha de renovarse cada cinco años de forma obligatoria, al igual que están obligados a tenerla tanto el propio dueño como toda otra persona que se haga cargo de su cuidados y paseos en cualquier ocasión.

Además, se insiste en señalar que, en todos los casos, por cada ejemplar se ha de contar con el preceptivo seguro de responsabilidad civil por valor de 120.000€.

A estas obligaciones, “que de ningún modo deben ser incumplidas”, se suman las medidas especiales a adoptar, que en relación con las viviendas donde se tienen perros de este tipo, hace necesario “e imprescindible” el asegurar un cerco perimetral, instalado de modo que quede perfectamente incrustado el terreno, impidiendo así que el animal pueda escapar, saltar o, simplemente, asomar la cabeza. Igualmente, se ha de evitar la libre circulación de estos canes, así como su acceso a espacios tanto de carácter público como privado.

También es importante que, de producirse la pérdida o sustracción del can, se notifique en un palazo máximo de 48 horas. A este respecto, y en relación a los paseos, cabe señalar que en ningún caso pueden realizarse sin portarse la documentación del animal, tanto la licencia como el correspondiente certificado de inscripción, debiendo llevar al perro siempre con bozal y bien sujeto con correa resistente y en ningún caso extensible.

Más civismo para restar riesgos

En cuanto a las infracciones, su gravedad queda tipificada en la propia ordenanza municipal, considerándose entre los incumplimientos a sancionar la presencia de los perros sueltos y/o abandonados, la tenencia sin licencia o con el permiso caducado, por no renovarse como se obliga por normativa, al igual que los paseos que no respeten las obligaciones requeridas para los mismos, o bien, el estar en posesión de dos o más ejemplares de estas razas potencialmente peligrosas. Y si bien en ningún caso el Ayuntamiento prima el aspecto recaudatorio en la aplicación de la ordenanza, “ya que se prioriza ante todo la necesidad de contar con conductas cívicas que no pongan en peligro a transeúntes o personas en general”, mediante esta campaña también se recuerda el importe que pueden llegar a alcanzar las diferentes sanciones económicas. Así, si las más leves van de los 90€ a los 300€, las graves pueden suponer el pago de entre 300,01€ y 1.503,00€, y ya las muy graves pueden llegar a alcanzar los 21.035,00€.

En suma, y como apunta el edil responsable de Seguridad, Miguel Partida, “desde el ejecutivo esperamos lograr una mayor responsabilidad por parte de todos, para que no tengamos que lamentar ningún suceso motivado por la vulneración de unas obligaciones que están más que justificadas y obran en beneficio del conjunto de la población”.