Son auténticos profesionales de la extorsión. Los políticos separatistas de Cataluña han encontrado en la vanidad y falta de escrúpulos de Pedro Sánchez —capaz de pactar con lo más execrable a cambio de mantenerse en el poder— el aliado idóneo al que exprimir con sus demandas, por descabelladas que éstas puedan ser.

Su delirante propaganda nacionalista es la herramienta con la que cuentan para enfervorizar a las masas que, a través del adoctrinamiento, la falsedad y la desinformación, mantienen sumisas para que enarbolen pancartas o generen disturbios callejeros cada vez que a ellos les conviene presionar.

En las imperfecciones del sistema electoral español han hallado el mejor modo de que una minoría de ciudadanos, que vota a un partido regional, pueda convertir esa formación en decisiva para la política nacional, dando a su puñado de votos un valor superior al de millones de electores que optan por siglas con implantación estatal.

Y en la falsedad de una ilusoria Arcadia independiente enmascaran sus auténticas intenciones. Una hipotética secesión de Cataluña no es ninguna demanda social entre los catalanes, sino una letanía que han conseguido imponer para que sus dirigentes puedan seguir viviendo del “momio” del nacionalismo y administrar los presupuestos, no en favor de los ciudadanos, sino de sus propios intereses.

Todos los españoles —incluidos, por supuesto, los catalanes— supieron que esos conspicuos apellidos de la burguesía regional, como los Pujol, eran los que realmente esquilmaban las arcas públicas, llevándose a Andorra bolsas repletas de billetes. Pero el grado de adoctrinamiento de algunos es tal, que siguen repitiendo la cantinela del “Madrid nos roba”. Patético.

Y todos supieron también que esos dirigentes eran unos golpistas, capaces de retorcer la ley, despreciar la Constitución y poner en peligro la seguridad jurídica, motivo por el que fueron condenados a penas de cárcel. De nuevo, el ansia de poder de Sánchez vino a solucionar la papeleta. Otorgando a su antojo el indulto y la amnistía, es un presidente que decide qué delincuentes pueden campar a sus anchas y cuáles deben pudrirse en prisión.  

Y ahora, reclamando competencias en materia de inmigración, nos confirman algo que ya sabíamos: que sus sentimientos supremacistas, discriminatorios y excluyentes destilan un tufo a xenofobia que emponzoña el ambiente.