Transcurridos poco más de cinco meses desde que se adoptara el acuerdo plenario que, como ya se señaló entonces, daba luz verde a “uno de los contratos más importantes a celebrar por este Ayuntamiento porque responde a una necesidad real y da respuesta a todos los vecinos de Valdemorillo”, este 3 de marzo el voto en contra de PSOE, UNIVAL, el edil de CS en la oposición y el concejal no adscrito lo han echado por tierra al votar en contra de la aceptación de la propuesta elevada el pasado 21 de febrero por la mesa de contratación para la adjudicación del mismo a la empresa que obtuvo mayor puntación, Aceinsa Movilidad S.A.. Los miembros del Partido Popular y los representantes de Ciudadanos en el ejecutivo han sido los únicos en validar la citada propuesta, atendiendo exclusivamente a los criterios de legalidad que primaban en el Pleno que este viernes actuaba “como órgano de contratación”. Así lo explicaron con detalle tanto la vicesecretaria como la interventora antes de iniciarse el turno de intervenciones, incidiendo la primera en que, de no motivarse el voto en contra con arreglo a los únicos supuestos contemplados para ello, “renuncia o desistimiento”, se estaría rechazando la propuesta de la mesa de contratación “sin que exista causa que imposibilite esta contratación”, advirtiendo del derecho de la empresa, si así lo estima, a recurrir, en principio, ante los tribunales administrativos el acuerdo contrario “observando posible mala fe y un supuesto de responsabilidad patrimonial”, solicitando en su caso una indemnización.

“Ninguna hipoteca para el Ayuntamiento”

Sin embargo, tales advertencias sólo fueron consideradas por el portavoz de VOX, que finalmente se abstuvo. Una postura, la de la abstención, que también adoptó OVAL, alegando su portavoz no estar de acuerdo con el modelo de contrato mixto, discrepando abiertamente desde el propio equipo de gobierno, reiterando la actitud ya mostrada anteriormente respecto a este contrato. Pero pese a la falta de respaldo que ya se vislumbró antes de la votación, el alcalde, Santiago Villena, sí defendió con firmeza la importancia de “esta inversión, una de las mayores, cifrándose en unos 15 millones de euros, y la más democrática”, negando rotundamente que pudiera representar “ninguna hipoteca para este Ayuntamiento, como sí lo están suponiendo los fallidos convenios urbanísticos del pasado por un importe de 700.000€ que todavía hoy estamos devolviendo”.

También ha enfatizado el alcalde en la baja del 25% en la oferta económica presentada por la empresa que se proponía como adjudicataria, “que no exigiría ni un céntimo más de esfuerzo a los vecinos, financiándose con cargo al presupuesto municipal destinado al pago de las facturas de la luz. Por otro lado, en este contrato se prevé la posibilidad que la empresa adjudicataria solicite cuantas ayudas públicas respondan al objeto de este contrato como así recogen expresamente  los pliegos”.

“Procedimiento absolutamente pulcro”

Afirmando claramente y de forma expresa, frente a lo señalado también desde la oposición, “no haber incurrido en ningún motivo de incompatibilidad por relación de parentesco con uno de los 1.200 trabajadores de la empresa propuesta”, el regidor incidió en aspectos claves “que se pasan por alto” como “la figura del responsable encargado de velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en los pliegos para el desarrollo de este contrato de servicios energéticos y de mantenimiento, la total autonomía e independencia con la que han obrado los técnicos municipales en relación a este proyecto y el procedimiento absolutamente pulcro que se ha seguido”, aspectos que coincidió en indicar el concejal de Urbanismo y Obras,  Isaac Villena.

“Se ha demostrado claramente que desde el principio la intención ha sido poner todos los palos en la rueda posibles. Nosotros, por contra, hemos trabajado de forma clara y precisa jurídicamente”, explicó el primer edil, apuntando así el motivo por el que, con este tipo de contrato, al cambiar totalmente de tecnología, sí entra dentro de la competencia municipal básica en materia de alumbrado público esta renovación de luminarias en las urbanizaciones aun sin estar recepcionadas. Un argumento más a favor de una actuación que, de haberse llevado a efecto, supondría el cambio de las 5.347 luminarias del municipio “por una instalación más moderna, más eficiente y más segura, el gran problema a corregir dado lo obsoleto del actual alumbrado”. Finalmente, recordó el doble refrendo “legal y administrativo” dado al tema, porque además de desestimarse el recurso especial interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, la Audiencia Provincial archivó la denuncia presentada a la fiscalía “basada en irregularidades que se han probado absolutamente falsas».

“Adelante con su interpretación y también con sus responsabilidades”, apuntó el alcalde antes de comprobar cómo por un voto de diferencia, siete a seis, quedó sin aprobar el único punto debatido en la sesión.