ECONOMÍA | Mediación y el arbitraje entre empresas para reducir los litigios e impulsar la economía
La mediación permite la resolución eficiente y ágil de las discrepancias entre empresas y ha evitado 16 huelgas en 2020, que hubieran supuesto unas pérdidas de 21,5 millones de euros.
La Comunidad de Madrid subraya la necesidad de reducir la litigiosidad en los juzgados de la región, apostando claramente por la mediación y el arbitraje entre las empresas como solución extrajudicial de conflictos. Éste es el principal objetivo del convenio que han firmado hoy el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y el titular de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio.
La rúbrica del acuerdo ha tenido lugar durante una reunión del Observatorio de Justicia y Competitividad. Con ello, la Comunidad se compromete a poner en marcha mecanismos que garanticen la información sobre mediación y arbitraje. Mientras que la Cámara de Madrid llevará a cabo actividades y acciones de información y promoción de los métodos alternativos de resolución de conflictos entre las empresas e identificar las ventajas competitivas de la región como sede de arbitrajes nacionales e internacionales.
“La mediación permite que las partes resuelvan de forma eficiente y ágil y las discrepancias para encontrar un acuerdo satisfactorio. Dado que en la Comunidad de Madrid se gestiona un tercio del volumen de laudos arbitrales, este acuerdo, permite mejorar la eficiencia del funcionamiento de la Administración de Justicia”, ha subrayado López.
Por su parte, y en el ámbito laboral, Fernández-Lasquetty, se ha refierdo el ahorro de costes que supone la mediación como herramienta para evitar huelgas. Y es que, según los datos de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid-FSP, en 2020 se evitaron 16 huelgas. O lo que es lo mismo, la pérdida de más de 140.000 jornadas laborales con un coste estimado de 21,5 millones de euros.
Este convenio tendrá una duración de cuatro años y no conlleva obligaciones económicas para la Comunidad de Madrid. La reunión del Observatorio de Justicia y Competitividad de hoy también ha servido para que sus integrantes compartan sus propuestas para sobre la mejora de la economía madrileña desde el ámbito de la Justicia.
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