La Comunidad de Madrid va a reforzar e intensificar la lucha contra la ocupación ilegal del parque de viviendas públicas de la Agencia de Vivienda Social (AVS) además de intensificar la lucha contra la morosidad de aquellos inquilinos que no abonan sus cuotas sin causas justificadas.

Para ello, y con carácter excepcional, se van a reforzar, mediante contratación externa, la representación legal y de defensa de los intereses de la AVS. Este servicio cuenta con un informe favorable de la Abogacía General, y ha sido informado esta semana al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid tiene, entre otras funciones, la gestión y administración de su patrimonio, así como las labores de inspección, control de uso y vigilancia del mismo. En cumplimiento de dichas tareas se ve obligada en ocasiones a iniciar acciones judiciales especialmente en varios tipos de litigios.

Por una parte, los casos de desahucios por ocupaciones sin título, que incluyen tanto las llamadas ocupaciones mediante patada en la puerta, como las de personas que se hacen de manera irregular con una vivienda, bien sea por cesión o por pago a los anteriores inquilinos. Igualmente, la AVS tiene que litigar ante las reclamaciones de deuda por la morosidad de sus inquilinos.

La AVS mantiene abiertos 2.154 casos por ocupaciones ilegales de viviendas de su patrimonio que requieren el ejercicio de acciones legales para proceder a su recuperación. Esta situación permitiría poder disponer de estas viviendas para aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que hayan acreditado una necesidad real sometiéndose a los procedimientos normativos establecidos e inscribiéndose legalmente en las listas de espera de la Agencia.

A pesar de que la reclamación judicial es la última de las medidas adoptadas desde la Agencia de Vivienda Social para lograr disminuir la morosidad, actualmente se mantienen abiertas 8.398 acciones contra deudores, contra las que procedería el ejercicio de acciones legales en caso de no llegar a un acuerdo extrajudicial previo y de no prescripción de la deuda.

La AVS tiene una morosidad que asciende a 65,5 millones de euros, cantidad que la propia Cámara de Cuentas ha manifestado que resulta imprescindible reducir mediante la adopción de medidas correctoras.

Por tanto, el número de expedientes judiciales que es necesario iniciar por parte de la AVS en los dos ámbitos, lucha contra la morosidad de inquilinos y contra la ocupación ilegal, alcanza un total de 10.552 litigios (cifra muy superior a la que viene asumiendo la Abogacía General de la Comunidad de Madrid).

Esta externalización de los procesos judiciales no se plantea como una solución permanente, sino que el objetivo es llevarla a cabo durante el tiempo que sea preciso para reducir significativamente la morosidad de los inquilinos y el número de ocupantes ilegales, algo que prevé en su articulado la Ley 3/1999, de 30 marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.