• Había sido denunciada de forma particular por un concejal del partido local Vecinos por Villa del Prado

Belén Rodríguez Palomino, alcaldesa de Villa del Prado desde 2007, llevaba siete años con el  proceso abierto, tras la denuncia particular de un concejal del partido local Vecinos por Villa del Prado, que la acusaba de haber, supuestamente, contratado los servicios de dos empresas, una de fontanería y otra de electricidad, sin que hubiese existido un proceso de licitación público y pedía una inhabilitación de 12 años para ocupar cargos públicos.

Siete años después, la justicia da la razón a la alcaldesa, y la Audiencia Provincial la absuelve de las supuestas irregularidades, concretamente del delito de prevaricación administrativa por el que estaba imputada desde el año 2019, y por el que la fiscalía pedía una inhabilitación de 12 años para ocupar cargos públicos.

Tras esta sentencia favorable, Belén Rodríguez podrá mantenerse en el cargo como alcaldesa de la localidad.

Sentencia clara y contundente a favor de la regidora

La alcaldesa de Villa del Prado afirma sentirse contenta, aunque los siete años de imputación se le han hecho largos, entre otras cosas, por la presión sufrida en las redes sociales. Ahora, la Audiencia Provincial avala con su sentencia que “no consta ningún tipo de concierto entre la investigada y ambas empresas ni consta que la investigada se lucrase de algún modo por la adjudicación de las obras realizadas”.

De hecho, cuando Belén Rodríguez asumió el cargo de alcaldesa, las empresas en cuestión, Cochele Electricidad S.L. e Instalaciones Barbero S.L., ya brindaban al Ayuntamiento servicios de electricidad y fontanería, respectivamente sin que mediara contrato formal alguno.

En el año 2019, tras las denuncias de la oposición, se licitó formalmente el contrato público, que quedó adjudicado a la empresa Instalaciones Barbero S.L. La sentencia, que se ha dado a conocer este mes de junio, reconoce claramente que Rodríguez no se lucraba con estos contratos a dedo, incluso señala a su favor que desde que las obras se han licitado “se han incrementado los costes por los servicios prestados por ésta, tal y como han reconocido en sede judicial los dos representantes de ambas empresas”.