Fue Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, el que aseguró que “una mentira mil veces repetida, se convierte en verdad”. Y esa es la estrategia de la izquierda española. Pedro Sánchez, rodeado de escándalos —ya sea por su propia gestión o por las sospechas acerca de las actividades de su esposa—, utiliza la falsedad para sacudirse de encima las acusaciones que le hacen. Y es el hombre que “miente con la mayor sinceridad” de España, ya que justifica en público, con total convencimiento, que no engaña a los ciudadanos.

Mintió al decir que no pactaría con Podemos, al blanquear el pasado criminal de ETA, al asegurar que no indultaría a los golpistas, al garantizar que la amnistía no tenía cabida en la Constitución… Y no se ruborizó lo más mínimo cuando justificó lo contrario.

Sánchez desautoriza cualquier imputación contra él o su mujer asegurando que “es fango” de la Fachosfera, cuando nos ha demostrado que es él quien chapotea a gusto en el barro cuando lanza acusaciones infundadas contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, un ciudadano particular, del que no duda en difundir datos confidenciales, utilizando torticeramente —y en contra de la Ley— la información que maneja la Agencia Tributaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha solicitado a la Fiscalía Provincial que identifique al máximo responsable de esa filtración para dar respuesta a la querella presentada por el afectado, Alberto González Amador, que ha visto vulnerados sus derechos.

Es intolerable que el presidente del gobierno, que se jacta de controlar la Fiscalía, utilice los recursos públicos y la información cuya confidencialidad está garantizada por el Estado de Derecho, para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con acusaciones contra su pareja, ya que nada puede hacer contra ella mediante la vía democrática de competir en las urnas.

Veremos hasta dónde llegan estas diligencias, que podrían afectar a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; al fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto; y al propio Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Y no estaría de más que la propia ministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, nos diese explicaciones de por qué dijo haberse enterado por la prensa de ciertas informaciones de carácter fiscal, que deberían ser reservadas, varias horas antes de que fueran publicadas por los medios afines a La Moncloa.