La dictadura sanchista pretende hacernos comulgar, no ya con ruedas, sino con molinos enteros. Ya nos hemos tragado que los asesinos de ETA, que tanta sangre derramaron y dolor provocaron, puedan travestirse en pretendidos demócratas que siguen despreciando a las víctimas; que la Guardia Civil sea expulsada de Navarra a cambio de los votos de los abertzales; que los golpistas que amenazaron la estabilidad constitucional de nuestra nación campen a sus anchas en libertad y sigan alardeando de su intención de repetir la asonada; que el Código Penal sea modificado a voluntad para beneficiar ad hominem a determinados delincuentes; que la ministra de Igualdad promulgue una ley que pone en libertad a los depredadores sexuales al tiempo que equipara un beso no consentido con una violación; que la Fiscalía General del Estado sea una herramienta al servicio de los intereses de un partido político; o que los abusivos impuestos que se pagan en España no dejen de crecer, mientras el despilfarro del gobierno alcanza cotas de escándalo.

Por si todo eso no fuera suficiente, ahora Sánchez otorga a un fugado de la justicia la potestad de ser la clave de la gobernabilidad de España y convierte sus exigencias anticonstitucionales en moneda de cambio para mantenerse en el poder.

Una amnistía, como la promulgada en 1977, tiene sentido tras un cambio de régimen, al invalidar las decisiones adoptadas por un sistema autocrático al que se pretende dar carpetazo. Pero no se justifica respecto a un período democrático, ya que pone en cuestión el marco jurídico en el que se basa nuestro actual Estado de libertades.  

Aceptar la amnistía exigida por el prófugo Puigdemont supone desmantelar el amplio acuerdo nacional que permitió la Transición que, con sus defectos, fue la herramienta necesaria para la reconciliación de un pueblo que se vio enfrentado en una cruenta guerra civil.

La generosidad de nuestros abuelos, que prefirieron olvidar los odios del pasado para no dejarnos en herencia ese legado envenenado, se puede ver ahora despreciada y pisoteada por la ambición personal de Pedro Sánchez, dispuesto a sacrificar el patrimonio común de los españoles a cambio de un puñado de votos.