Es admirable la capacidad de la izquierda de culpar a la derecha de todos los males. Pedro Sánchez, en una nueva pirueta de su sesgada política, ha conseguido acusar al PP de tener bloqueada la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para justificar así su intento de controlar la judicatura, al estilo chavista, amenazando con una proposición de ley que le permitiera nombrar a sus propios jueces, esquivando los informes de los órganos consultivos, y requiriendo únicamente de mayoría absoluta, y no cualificada, en el Parlamento.

La politización de la justicia en España no es culpa de la derecha, sino de la izquierda. Fue Felipe González quien, aprovechando su mayoría absoluta, reformó la Ley del Poder Judicial en 1985, mediante la Ley orgánica 6/1985 de 1 de julio, de tal manera que los doce vocales de extracción judicial fueran elegidos, seis por el Congreso y seis por el Senado, con una mayoría cualificada de tres quintos de las cámaras. Hasta entonces, desde la aplicación de la Ley orgánica 1/1980 de 10 de enero, esos vocales eran elegidos directamente por los jueces.

Pero a mediados de los ochenta, esa mayoría parlamentaria socialista le permitió a Alfonso Guerra alardear de su “Montesquieu ha muerto”, tratando de revestir de una pátina de progreso lo que, en realidad, suponía sepultar una separación de poderes que pretendía garantizar la independencia judicial.

Bien es verdad que el Partido Popular, cuando Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta, olvidó su compromiso electoral de la campaña de 2011, de devolver a los jueces la capacidad de nombrar a esos doce consejeros. Pero es ahora cuando Pedro Sánchez ha pretendido dar una nueva vuelta de tuerca al control judicial, al intentar rebajar a mayoría absoluta, de la que cuenta con el apoyo de sus socios Frankenstein, los votos necesarios para designar a dedo a los jueces del CGPJ.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo dependiente del Consejo de Europa, que tiene entre sus funciones velar por la separación de poderes, ha puesto el foco sobre nuestro país, al que ya viene advirtiendo desde hace tiempo de la necesidad de mejorar los resortes necesarios para garantizar la independencia judicial.

Fue Alfonso Guerra quien quiso matar a Montesquieu en 1985, pero es ahora Pedro Sánchez quien pretende enterrarlo definitivamente.