El 1 de enero entró en vigor la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que amplía a tres años la garantía legal que deberá tener cualquier producto que compremos, excepto los contenidos o servicios digitales, que tendrán dos años de garantía. En el caso de los productos de segunda mano se podrá pactar un plazo menor al indicado anteriormente pero que no podrá ser nunca inferior a un año.

Es la principal novedad de una reforma legislativa que trae consigo otras medidas, como la ampliación a diez años del plazo en el que los fabricantes deberán garantizar la existencia de piezas para la reparación de un producto, a contar desde la fecha en que deje de fabricarse.

Cuando un producto se averíe estando en garantía, el consumidor tendrá derecho a elegir entre la reparación o la sustitución, a no ser que una de estas medidas suponga costes desproporcionados para el empresario.

Otra de las novedades es que, desde el 1 de enero, se ha ampliado de seis meses a dos años el periodo de la carga de la prueba, es decir, el periodo en el que se asume que el daño detectado se debe a un problema de fabricación, por lo que el vendedor debe repararlo y dar respuesta a la garantía.

La reforma legislativa busca reforzar el consumo sostenible (aumentar la durabilidad y reducir el consumismo excesivo) y la economía circular, favoreciendo las reparaciones y la reutilización de los productos consumidos.

En palabras de la Concejal delegada de Consumo, “Consideramos importante estar informados de algunos de los cambios planteados por esta reforma legislativa, algunos de ellos incorporados como trasposiciones de directivas europeas que suponen un reajuste de aspectos importantes sobre nuestros derechos en las garantías de productos, servicios postventa, reparaciones, y que son importantes conocer para la defensa de nuestros intereses como consumidores”.

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