Todavía no se había posado la polvareda causada por el estrepitoso fracaso de Mª Jesús Montero en Andalucía, cuando una nueva explosión venía a sacudir los cimientos del sanchismo: la imputación de José Luís Rodríguez Zapatero, citado por el juez para declarar como investigado en el “caso Plus Ultra”, como presunto líder de una estructura de tráfico de influencias para lucrarse y blanquear capitales.

Más allá de los graznidos de los corifeos del gobierno, que critican la decisión como una maniobra de la derecha, hay que reconocer la prudencia y objetividad del juez de la Audiencia Nacional, José Luís Calama, que decidió esperar a que pasaran las autonómicas andaluzas antes de hacer públicas sus conclusiones, para no influir en el proceso electoral. Unos comicios en los que la “mujer con más poder de la democracia” —tal como Mª Jesús Montero se definió a sí misma— batió todos los récords, al quedar incluso por debajo de los peores resultados históricos del PSOE en Andalucia, los obtenidos por Juan Espadas en 2022.

El fracaso en Andalucía era la continuación de las derrotas socialistas en Extremadura, Aragón o Castilla y León, en un momento de serio deterioro para el crédito de Pedro Sánchez, que ha ido viendo cómo los escándalos judiciales salpicaban a su propia esposa, a su hermano y a José Luís Ábalos, que fue su mano derecha en el gobierno y en el partido.

La demoledora imagen de los agentes de la UDEF registrando el despacho de Zapatero y la empresa de sus hijas es la estampa que persigue ahora a Sánchez, más allá de todo lo que ya acumula en su haber: haber pactado con la extrema izquierda, con los separatistas y con los albaceas del terrorismo etarra; modificar el Código Penal “ad hominem”, conceder indultos y amnistías al margen de los órganos judiciales, convertir el Constitucional en una instancia para enmendar la plana al Supremo, a pesar de ser un órgano de garantía y no un tribunal de casación; ahondar en el revanchismo de las leyes de memoria guerracivilista; alterar la política exterior española sin dar explicaciones ante el Parlamento; y masacrar con impuestos abusivos a empresas, autónomos y contribuyentes de todo tipo, mientras vamos conociendo casos del vergonzoso desvío de dinero público para pagar burdeles, cocaína o mariscadas.

El descrédito de Sánchez y de todo lo que le rodea parece constatar el desmoronamiento de un régimen que jamás debió gobernar España y que amenaza con dejar un legado que será muy difícil de corregir.