El término “emprendimiento” ha sido “sobreutilizado” estos últimos años por políticos, asociaciones y ministerios, pero sí que es cierto que España es tierra de talento y que la reticencia a poner en marcha un proyecto empresarial, frente a opositar o entrar en una gran empresa, es cada vez menor.

Ante las nuevas aspiraciones de las generaciones más jóvenes, las mayores posibilidades de fuentes de financiación y el desarrollo tecnológico, el personal se arriesga más a poner en marcha una idea que tenía y que hace años se hubiese quedado en un cajón.

Tenemos talento, pero también una burocracia y una tributación que merma la creación de empresas, a lo que se une la lentitud que impera en España para facilitar la creación y ayudar a los emprendedores, término que cada vez puede aplicarse a más personas de distinta formación y recursos.

En 2023 ha entrado en vigor la nueva ley que buscaba enmarcar legalmente a las “startups”, o empresas de nueva creación, e intentar apoyarlas con mejoras fiscales.

Sin embargo, ejemplo de cómo funcionan muchas cosas en España han pasado cuatro años desde que entró en el horno de la consulta pública y se ultimó su tramitación parlamentaria que, afortunadamente, ha limado problemas técnicos que no se escuchan cuando otras normas pasan por la Cámaras o las redacta algún ministerio imberbe.

En el inicio de su gestación, para lo que se creó entonces un grupo de expertos del ecosistema emprendedor, no se suprimieron algunas limitaciones que finalmente sí fueron retiradas de la norma, como el absurdo de que se acotase el número de startups que podía crear un emprendedor si quería que estos proyectos empresariales pudiesen acogerse a los beneficios de la ley.

Se perseguía la adaptación de su entorno a la revolución tecnológica vigente y lograr más competitividad en el tejido empresarial español (que en el 99% está conformado por pymes y micropymes), lo que haría a las startups más atractivas para inversores nacionales y extranjeros.
A pesar de su intención y sus bondades, está por detrás de otras normas de los países del entorno.

Sí que perfecciona las deducciones por inversión y pone a España en sintonía con sus vecinos en cuanto al nivel de la tributación de los gestores de fondos de capital riesgo en una operación de desinversión. Sí mejora la fiscalidad de las stock options (opciones sobre acciones), que son básicas para llamar y retener talento utilizando como pago a los trabajadores de una empresa emergente las acciones o participaciones).

Además, crea nuevos visados, se modifica la duración de permisos de residencia ampliando la vigencia de emprendedores, inversores y estudiantes, se impulsa el “visado especial de nómadas digitales”, existe bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para fundadores de startups y no es necesario tener un NIE para los inversores no residentes (sólo hace falta un NIF).

Sin embargo, ha nacido con importantes “errores”, como la definición de lo que se le considera startup y el “muro” límite de más de cinco años desde su creación, lo que deja fuera a proyectos que no pueden acceder a las ventajas de la ley, que en algunos casos son necesarias.

En cuanto a la reducción del tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades se queda muy por detrás de las medidas en este campo de gobiernos regionales y, además, no atiende al hecho de que las empresas de nueva creación no suelen tener beneficios en sus primeros años.

Madrid, por ejemplo, ayuda a acceder a la financiación de estas empresas y proyectos con medidas como la nueva deducción del 20% en la cuota autonómica del IRPF sobre la inversión en cualquier tipo de activos, mientras mantiene la nueva tarifa cero de autónomos.

Con estas iniciativas, y las distintas rebajas de impuestos, la eliminación de barreras regulatorias, la simplificación administrativa o la aprobación de la Ley de Mercado Abierto, Madrid lidera la creación de empresas y atrae el 73% del total de inversiones foráneas, con más autónomos que en 2021 y concentra el 27% del total de startups de España (más de 3.000), liderando el volumen de inversión en las mismas con 2.489 millones de euros, según destacó el consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty.

La presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, Sandra Cerrada, destaca que en la Comunidad y “en los últimos tiempos se está empezando a respirar y vivir un verdadero ecosistema de emprendimiento propicio para el incremento y fomento del tejido empresarial de la región con indiferencia de que se trate de empresas de reciente constitución y/o de autónomos” por las normas y beneficios fiscales adoptados.

Espera que la deseada nueva ley de startups favorezca al ecosistema sin "poner palos en las ruedas" con la tramitación de conseguir la "validación de Startup" por Enisa, ya que podría suponer, un perjuicio a las emprendedores porque dicho trámite se dilate indebidamente, así como que suponga un acceso un tanto elitista del concepto de Emprendimiento y Startups, añade.

Desde el ecosistema se piden más deducciones fiscales para que las grandes corporaciones inviertan en startups o eliminar los límites temporales en la tributación de las stock options.

Somos el cuarto país del Viejo Continente en cuanto a número de estas empresas y no podemos contentarnos con esta norma sin ampliarla, mejorarla, que evolucione. Hemos llegado a octavos. Somos muy buenos – decimos -, pero ¿Por qué no ser los campeones?